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Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes...

Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre de 2011.

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Por el presente real decreto se transponen los artículos 17, 18, 19 y 20 y el anexo V, de la Directiva 2009/28/CE y los artículos 7 ter, 7 quáter, 7 quinquies y 7 sexies y el anexo IV, de la Directiva 98/70/CE, introducidos por la Directiva 2009/30/CE, relativos a los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, estableciendo el sistema nacional de verificación del cumplimiento de los citados criterios. Asimismo, se incorpora al ordenamiento jurídico español lo previsto en el artículo 21 de la Directiva 2009/28/CE en relación al valor doble que se otorga a determinados biocarburantes para el cumplimiento de los objetivos obligatorios en materia de energías procedentes de fuentes renovables en el transporte.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, que son objetivos obligatorios a partir del 2009 y habilita al Gobierno a modificar los objetivos establecidos, así como a establecer objetivos adicionales. Asimismo, habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a dictar las disposiciones necesarias para regular un mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

La Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, dispone en la letra e) del artículo 7.3, que regula las condiciones generales que deben cumplir los biocarburantes para su certificación, que se deberá haber acreditado la sostenibilidad del biocarburante en los términos que se establezcan, teniendo en cuenta la calidad, el origen de las materias primas y la evaluación ambiental de los cultivos.

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos, relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la protección de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad o tierras con elevadas reservas de carbono.

Dicha Directiva reconoce que si bien el fomento de los biocarburantes y biolíquidos contribuirá al crecimiento de la demanda de materias primas agrícolas, y por tanto a un aumento neto de la superficie cultivada, es necesario adoptar medidas de acompañamiento para el sector agrícola que fomenten una mayor tasa de productividad de tierras degradadas y garanticen un correcto uso del suelo.

La Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE, establece los mismos criterios de sostenibilidad para los biocarburantes.

Según las citadas Directivas, la energía procedente de biocarburantes y biolíquidos se tendrá en cuenta para evaluar el cumplimiento de los requisitos relacionados con los objetivos nacionales, evaluar el cumplimiento de las obligaciones de utilizar energías renovables y determinar la posibilidad de optar a una ayuda financiera al consumo, solamente si cumplen los criterios de sostenibilidad.

Según lo previsto en los artículos 18 y 7 quáter de las citadas Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE, respectivamente, los agentes económicos, que deben demostrar a los Estados miembros que han cumplido los criterios de sostenibilidad, podrán hacerlo por tres posibles vías: suministrando datos a la autoridad nacional competente con arreglo a los requisitos que haya establecido el Estado miembro en su sistema nacional de verificación, utilizando un sistema voluntario reconocido por la Comisión Europea para este fin o acogiéndose a las condiciones de un acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europea con terceros países y reconocido a tal efecto por la Comisión.

La Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, señala en sus considerandos que la creciente demanda de biocarburantes y biolíquidos y los incentivos para su uso previstos en la misma, no deben tener como efecto alentar la destrucción de áreas ricas en biodiversidad. Por ello, es necesario prever criterios de sostenibilidad que garanticen que los biocarburantes y biolíquidos sólo puedan beneficiarse de los incentivos cuando pueda asegurarse su cumplimiento.

Se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia a los interesados a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, cuyas alegaciones se han tenido en cuenta para elaborar el informe 28/2011, de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 22 de septiembre de 2011. Además, este real decreto se ha sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y al trámite de participación pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), y a informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético. Este real decreto se ampara en dichos títulos competenciales, así como en la disposición final segunda de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar mediante real decreto las normas de desarrollo de dicha ley.

Fecha de publicación: 
Sáb, 5 Nov 2011